Doctrinariamente no existe una definición exacta para un Estado fallido, pero se considera de manera general, a un Estado que no tiene autoridad unificada y reconocida sobre una parte o todo su territorio. Max Weber sostenía que un Estado tiene éxito cuando mantiene el monopolio de la fuerza dentro de sus fronteras. Definición que se aplicaba a los Estados que por guerras o confrontaciones internas dejan como resultado la presencia de milicias, señores de la guerra o grupo paramilitares que someten a la autoridad y mantienen en terror a la población civil, antagonizando con la presencia del propio Estado y sus entes de gobierno. Esta condición ha motivado que “fuerzas de paz” de las Naciones Unidas deban intervenir para proteger a la población civil hasta que el Estado tenga una fuerza interna para autogobernarse.
El gobierno ecuatoriano ha rogado por apoyo internacional para controlar su caos interno, desconociendo la capacidad de quienes saben y están preparados para actuar, pero se han colocado en cargos técnicos a ministros de figura y genio y uno lamentablemente en la sepultura, cuyo paso no ha generado nada, que no sean más muertes.
«La violencia ya no está limitada a las zonas deprimidas de las ciudades de mayor influencia de los GDO, sino que se parece como un cáncer metástico que no perdona nada; los asaltos, robos, secuestros, vacunas, boleteo, y cualquier otra forma de violencia se hace presente en todas las esferas sociales.»
El Ecuador, ha vivido nuevamente una jornada de violencia caracterizada por el control de las calles, la presencia de grupos violentos que hacen gala de su capacidad para confrontar con las fuerzas del orden y los horrendos y terroríficos incidentes al interior de las cárceles que han dejado en este último evento de julio, un número de al menos 31 fallecidos de acuerdo a la Fiscalía General del Estado.
Nuestro país ha soportado más de una docena de masacres penitenciarias, con varios centenares de víctimas mortales, y siempre con imágenes desgarradoras en las que se observa el desprecio por la vida de los miembros de los grupos de delincuencia organizada, GDO, ante la inacción de las autoridades. Pese a la vigencia de la Ley del uso Legítimo de la Fuerza y su Reglamento —normas que tienen disposiciones específicas para intervenir en los centros de rehabilitación social— los equipos que se forman para las intervenciones deben limitar su accionar al máximo, pues aún existe temor en defenderse y ser sentenciados por jueces que no respaldan plenamente el actuar de los uniformados. Eso sin poner sobre el tapete la forma en la que deben exponer sus vidas al momento de retomar el orden al interior de los centros carcelarios, que permanentemente se presentan como guetos de la más grande ignominia humana.
NUESTRO PAÍS HA SOPORTADO MÁS DE UNA DOCENA DE MASACRES PENITENCIARIAS, CON VARIOS CENTENARES DE VÍCTIMAS MORTALES, Y SIEMPRE CON IMÁGENES DESGARRADORAS EN LAS QUE SE OBSERVA EL DESPRECIO POR LA VIDA DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, GDO, ANTE LA INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES.
La violencia ya no está limitada a las zonas deprimidas de las ciudades de mayor influencia de los GDO, sino que se esparce como un cáncer metástico que no perdona nada; los asaltos, robos, secuestros, vacunas, boleteo, y cualquier otra forma de violencia se hace presente en todas las esferas sociales, en los que ni los conjuntos habitacionales fuertemente protegidos por seguridad privada quedan exentos de la visita de los violentos. Su armamento cada vez más sofisticado y de largo alcance, con municiones capaces de perforar los chalecos policiales y militares; el uso de granadas y explosivos de diferentes tipos también se han popularizado. El país vive una auténtica guerra interna con las estructuras delictivas que proclaman el control de territorios y ciudades ante los ojos absortos de los ciudadanos, que ven cómo barrios enteros son caotizados a cualquier hora del día, y con caravanas del terror conformadas por decenas de motos y vehículos con personas armadas desafiando a la autoridad ausente.
Los incidentes son diarios y cada vez más normalizados por la propia sociedad que no se altera ante la muerte. Los atentados se han convertido en parte de las noticias locales, que dan cuenta del asesinato del alcalde de Manta, uno de los principales puertos del país, como una noticia más. Inmediatamente un nuevo atentado genera la siguiente víctima, en medio de amenazas de los propios lideres detenidos de los GDO de agudizar la crisis o calmarla a voluntad.
Las acusaciones mutuas de las autoridades y ex autoridades de ser los responsables de la barbarie no sirven de nada. Más cuando, al momento, las fuerzas del orden se limitan a levantar muertos o perseguir a sus asesinos de manera tardía. La situación demuestra total incapacidad para entender la necesidad de contar con sistemas depurados y técnicos de respuesta inmediata e inteligencia en todos sus niveles. En la práctica, este es el precio que debe pagar el país al tener por autoridades a improvisados funcionarios, que buscan popularidad y no efectividad. Funcionarios que demoran las compras por un infinidad de razones, muchas de ellas, cuestionadas en los direccionamientos y vicios de la contratación pública, que no solo afectan al erario nacional, sino que ponen en riesgo la vida de los usuarios de los bienes adquiridos.
El gobierno del Presidente Lasso se convirtió en uno de los más pueriles en materia de seguridad, con grave afectación a todos los sectores de la economía, pues pensar en la inseguridad de Esmeraldas es pensar en las miles de familias que ven morir al turismo que fue y es su principal fuente de ingresos. Las propuestas populistas para solucionar el caos son de lo más absurdas, que van desde la compra de más cámaras para grabar los crímenes hasta construir cárceles en medio de la selva como solución a la crisis carcelaria, sin analizar siquiera la logística enorme y costos exorbitantes que este aislamiento generaría. En esencia, las propuestas de solución son en detalle una sumatoria de más problemas a los ya existentes.
LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA TRAZABILIDAD DEL DESPACHO DE ARMAS Y MUNICIONES QUE TERMINAN EN NUESTRAS CALLES ES FUNDAMENTAL. LA IDENTIFICACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LOS ABASTOS LOGÍSTICOS VA DE LA MANO CON LA NEUTRALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO QUE LOS ABASTECE.
Este país no necesita más expertos en diagnósticos y problemática evidente de la inseguridad. Hace falta la entrada en vigencia de cambios profundos en los modelos de gestión de la seguridad pública, partiendo del cambio de la anacrónica policía comunitaria, hasta la modernización de los procesos de análisis de información y coordinación con Fiscalía para actuaciones efectivas y dinámicas.
La coordinación internacional para la trazabilidad del despacho de armas y municiones que terminan en nuestras calles es fundamental. La identificación y neutralización de los abastos logísticos va de la mano con la neutralización del movimiento financiero que los abastece. Habrá entonces que, analizar las grandes cuentas bancarias y capitales que han ingresado al sistema sin un origen claro, pero que hacen ostentación de vehículos de alta gama blindados circulando sin placas por las calles ante la vista permisiva de las asustadas autoridades.
A la par, en las cárceles se graba y expone a la opinión pública un nuevo video de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito” quien se autoproclama el actual líder de Los Choneros, difundido el día 25 de julio, tras la nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral, con un nuevo saldo que se suma a los centenares de asesinados bajo el control y custodia del Estado. En algún momento el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Director de la SNAI y los mandos policiales y militares serán cuestionados, por su accionar. Carecen de protocolos de intervención inmediata para controlar nacientes incidentes dentro de las cárceles, los que, cuando se producen, crecen exponencialmente ante la mirada pasiva de las autoridades, que desde el aire con helicópteros y drones, así como en las inmediaciones de los centros de detención esperan una orden que puede llegar varios días después, incrementando los riesgos para recobrar el orden interno:
El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador considera a las personas privadas de libertad como un grupo de atención prioritaria, y establece que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; para lo cual, el Estado prestará especial protección a las personas con condición de doble vulnerabilidad; el artículo 38 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador dispone al Estado la creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas de privación de libertad para adultos mayores e indica que las penas serán cumplidas en centros adecuados y, en caso de medidas cautelares se aplicará arresto domiciliario.
ALIAS FITO DIFUNDIÓ EL VIDEO DONDE APARECE RODEADO DE CINCO HOMBRES ARMADOS, UNO DE ELLOS VESTIDO E IDENTIFICADO COMO POLICÍA POR EL PROPIO MINISTRO DEL INTERIOR, EN LA QUE SE RECONOCE QUE LA PAZ EN EL PAÍS DEPENDE DE LA DECISIÓN DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD.
Cómo olvidar los comentarios desatinados del Ministro del Interior, que reconoce el poder de fuego de los delincuentes dentro de las cárceles, pero luego de las requisas se encuentran nueve fusiles, decenas de celulares y un millar de municiones. Esto frente a la intervención de fuerzas del Estado con más de 2400 efectivos con 2400 fusiles y pistolas, con al menos 30 municiones por cada uniformado, lo que da clara cuenta de la desproporción total de fuerza. Lo cual permitió recobrar el control de los eventos en pocas horas, pero solo cuando fue recibida la orden para proceder con la intervención. La respuesta entonces está implícita. Es clara la falta de decisión, liderazgo, planificación y estructuración de la respuesta policial o militar, que deja evidentes dudas de haber aprendido las lecciones ya vividas en los eventos anteriores.
Alias Fito, recluido en una cárcel aledaña a la Penitenciaría, la Regional del Guayas, difundió el video donde aparece rodeado de cinco hombres armados, uno de ellos vestido e identificado positivamente como policía por el propio Ministro del Interior que exponían a la opinión pública con pasmosa voz, que la paz en el país depende de la decisión de los privados de la libertad en sus ruedas de prensa, avalados con funcionarios del Estado ecuatoriano que, con su presencia, ratifican acuerdos que luego serían negados por el propio presidente Guillermo Lasso.
Las investigaciones llueven, y la información se riega por las desbordadas redes cargadas de indignación absoluta, ante la proliferación y normalización de la violencia. La respuesta del Estado ha sido incrementar el número de policías por miles cada año, sin embargo no ha sido capaz de mejorar en lo más mínimo las condiciones de vida de los actuales efectivos. Cuarteles que se caen a pedazos, con vehículos parqueados por años son la realidad actual. No se han entregado uniformes en 12 años, salen nuevos policías a las calles sin chalecos o armas y se les exige inmediatamente resultados luego de cinco meses de formación y 75 municiones disparadas en un polígono con mucha limitación.
Se culpa siempre a las decisiones de dos gobiernos atrás, dejando en claro que cuando llegaron a ser gobierno no estaban listos para asumir una responsabilidad enorme al frente de un país, que requiere decisiones y líderes que se contraponen a la auténtica inoperancia estatal ya más que evidente.
La ejecución presupuestaria del 44% en el año 2022 y de menos de la mitad de ese porcentaje durante este año, por parte del Ministerio del Interior y Policía Nacional debe ser analizada en todas sus aristas. El gasto inescrupuloso o la ausencia de ejecución infieren corrupción que dan cuenta de la incapacidad técnica de preparar términos de referencia de una contratación básica como armas, chalecos antibalas o patrulleros. A ello, se debe sumar que habrá que verificar la calidad de lo contratado y los precios pagados con las facturas de origen y costos de despacho. Así como las necesarias contrataciones para el mantenimiento de los derruidos cuarteles e instalaciones vetustas y putrefactas en las que deben vivir los servidores policiales.
El Ecuador alcanzó el punto de quiebre, en el que o se recupera la legalidad, o se sucumbe ante la delincuencia que va ganando la guerra, mientras que todos hablan de paz, más armas se disparan diariamente dejando al país sin oportunidades.